Abogados de pensión de alimentos en Barcelona

La pensión de alimentos es la cantidad que un progenitor paga para contribuir a los gastos de sus hijos cuando no conviven con él, total o parcialmente. Es un derecho de los hijos, no del otro progenitor, y por eso tiene prioridad sobre otras obligaciones económicas.

El Código civil de Cataluña define los alimentos de forma amplia: incluyen todo lo indispensable para el mantenimiento, la vivienda, el vestido y la asistencia médica, además de los gastos de formación mientras el hijo es menor y, después, si continúa su formación con un rendimiento regular (artículo 237-1). En el convenio o en la sentencia deben distinguirse las necesidades ordinarias de las extraordinarias, e indicarse cómo se pagan y cómo se actualizan (artículo 233-2.4 del Código civil de Cataluña).

La regla para calcular la cuantía es de proporcionalidad: los alimentos se fijan en proporción a las necesidades de los hijos y a los medios económicos de quien debe pagarlos (artículo 237-9 del Código civil de Cataluña). No hay una cifra legal fija. El Consejo General del Poder Judicial publica unas tablas orientativas, pero cada juzgado valora las circunstancias reales de la familia, y lo habitual es actualizar la pensión cada año según el IPC.

Hay que fijar la pensión

La pensión se fija en el divorcio, en la separación o en la ruptura de una pareja con hijos, por acuerdo o por decisión del juez. Para que sea justa hay que conocer bien los ingresos de los dos progenitores y los gastos reales de los hijos: colegio, comedor, actividades, salud, vivienda. Te ayudamos a documentarlos y a proponer una cantidad razonable y defendible.

Conviene dejar bien definidos los gastos extraordinarios, como los médicos no cubiertos por la sanidad pública, las clases de refuerzo o las actividades especiales: quién los decide, en qué proporción se pagan y cómo se justifican. Es una de las principales fuentes de conflicto si no queda claro desde el principio.

Para calcularla bien conviene reunir las nóminas y las declaraciones de la renta de los dos progenitores, los recibos del colegio, del comedor y de las actividades, los gastos de salud y, si la hay, la cuota de la hipoteca o el alquiler de la vivienda en la que viven los hijos.

Mi expareja no paga

Si la pensión está fijada en una sentencia o en un convenio aprobado judicialmente y no se paga, se puede pedir su ejecución: el juzgado puede embargar el sueldo, las cuentas u otros bienes del deudor, e imponerle multas coercitivas si incumple reiteradamente (artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Además, dejar de pagar la pensión durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos es delito de abandono de familia, castigado con prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses, y la condena incluye siempre el pago de lo debido (artículo 227 del Código Penal). Valoramos contigo qué vía es más eficaz en tu caso, la civil, la penal o las dos, según lo que se deba y la situación del deudor.

Quiero cambiar la pensión

Si los ingresos de alguno de los progenitores o las necesidades de los hijos cambian de forma sustancial, la pensión puede modificarse, por acuerdo o mediante un procedimiento de modificación de medidas (artículo 233-7 del Código civil de Cataluña). Puede pedirse tanto una subida como una rebaja.

Es importante saber que la pensión no cambia sola. Aunque se pierda el trabajo o se reduzcan los ingresos, hay que seguir pagando la cantidad fijada hasta que el juez la modifique, y por eso conviene actuar en cuanto se produce el cambio.

Mi hijo ya es mayor de edad

La pensión no se extingue automáticamente a los dieciocho años. El juez puede acordar alimentos para los hijos mayores de edad que no tengan recursos propios, hasta que tengan ingresos o estén en disposición de tenerlos (artículo 233-4.1 del Código civil de Cataluña), y los gastos de formación se mantienen si el hijo continúa estudiando con un rendimiento regular (artículo 237-1).

La obligación puede extinguirse, entre otras causas, cuando mejoran las condiciones de vida del hijo de modo que ya no la necesita, o cuando el obligado no puede pagarla sin desatender sus propias necesidades (artículo 237-13 del Código civil de Cataluña). Si crees que se dan esas circunstancias, hay que pedir la extinción al juzgado, no dejar de pagar por tu cuenta.