Abogados de nacionalidad española en Barcelona

Obtener la nacionalidad española es, para muchas personas, la culminación de años de vida en España. Da derecho a votar, a viajar con pasaporte español, a no depender de renovaciones y a la plena igualdad de derechos. Pero el procedimiento es exigente, y un error en la documentación o en el cálculo de los plazos puede costar meses o años.

La vía más habitual es la nacionalidad por residencia, regulada en el Código Civil (artículos 21 a 23). La concede el Ministerio de Justicia, que puede denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional. El tiempo de residencia exigido depende del caso (artículo 22 del Código Civil):

• Diez años, como regla general.
• Cinco años, para quien tiene reconocida la condición de refugiado.
• Dos años, para los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, y para los sefardíes.
• Un año, entre otros, para quien nació en España, para quien lleva un año casado con un español o una española sin estar separado, para el viudo o la viuda de español y para quien nació fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles.

En todos los casos la residencia tiene que ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud. Además, hay que acreditar buena conducta cívica y un suficiente grado de integración en la sociedad española.

Quiero pedir la nacionalidad

Antes de presentar la solicitud conviene comprobar con precisión que se cumple el tiempo de residencia legal, porque los periodos de estancia irregular, las interrupciones o las tarjetas caducadas pueden romper la continuidad. También hay que reunir los certificados de nacimiento y de antecedentes penales del país de origen, debidamente legalizados o apostillados y traducidos, y aprobar los exámenes.

La solicitud se presenta normalmente por vía electrónica y está sujeta a una tasa de 100 euros. Te ayudamos a preparar el expediente completo y a evitar los defectos que más retrasos causan, como documentos caducados o traducciones no oficiales.

También conviene planificar la solicitud de los hijos. Pueden pedir la nacionalidad por sí mismos los mayores de dieciocho años o emancipados; los mayores de catorce, asistidos por su representante legal; y los menores de catorce, a través de su representante legal, que necesita una autorización previa (artículo 21.3 del Código Civil). Además de la residencia, existe la carta de naturaleza, que el Gobierno concede de forma discrecional, por real decreto, cuando concurren circunstancias excepcionales (artículo 21.1 del Código Civil).

Mi expediente está parado

El Ministerio tiene un plazo máximo de un año para resolver y notificar desde que la solicitud entra en el órgano competente. Si pasa ese año sin respuesta, la solicitud se entiende desestimada (artículo 11 del Real Decreto 1004/2015, del procedimiento de nacionalidad por residencia). En la práctica, muchos expedientes tardan más.

Ese silencio no es el final: permite acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo para que se resuelva sobre el fondo. Valoramos contigo si conviene esperar o reclamar judicialmente, según el tiempo transcurrido y el estado del expediente.

Me la han denegado

La denegación puede recurrirse en reposición y, después, ante los tribunales de lo contencioso-administrativo (artículo 22.5 del Código Civil y artículo 14 del Real Decreto 1004/2015). Los motivos de denegación más frecuentes son la falta de residencia legal y continuada, la falta de buena conducta cívica, por ejemplo por antecedentes penales o policiales, y la falta de integración.

Muchas denegaciones se basan en valoraciones discutibles o en información incompleta: unos antecedentes ya cancelados, una detención sin condena o un examen que no se tuvo en cuenta. Revisamos el expediente para ver si merece la pena recurrir o si es mejor volver a solicitar con la documentación corregida.

No sé si cumplo los requisitos

La integración se acredita, como regla general, con dos exámenes del Instituto Cervantes: el DELE de nivel A2 o superior, que no tienen que hacer los nacionales de países de habla hispana, y la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE). Están exentos de las dos pruebas los menores de dieciocho años y las personas con capacidad modificada judicialmente (disposición final séptima de la Ley 19/2015, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil).

Una vez concedida la nacionalidad, hay ciento ochenta días para jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, renunciar a la nacionalidad anterior cuando proceda e inscribirse en el Registro Civil. Si no se hace en ese plazo, la concesión caduca (artículos 21.4 y 23 del Código Civil). Los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal no tienen que renunciar a su nacionalidad.